El desprendimiento producido este fin de semana en el acceso de la playa de la Argaga de Valle de Gran Rey, en la isla de La Gomera ha impactado a muchos. Las imágenes grabadas por los que presenciaron el desprendimiento, advertían de la magnitud de la catástrofe. Había algunos coches muy cerca de las rocas, lo que aumentaba la preocupación por encontrar víctimas debajo de las toneladas de piedras.
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Sin embargo, las unidades caninas de la asociación Ayuda en Emergencias Anaga (AEA) daban la buena noticia, no habían encontrado víctimas en la zona de desprendimiento. En la búsqueda también colaboraron dos helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias. A esto se unía, las declaraciones del presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, que afirmaba que todos los vecinos del lugar estaban localizados. Afortunadamente, la caída previa de parte del acantilado hizo que las personas se alejaran del entorno del embarcadero.
La dureza del suceso hizo que el mismo sábado la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias declarase la situación de emergencia para movilizar todos los recursos para intervenir en la zona.
Desde el Instituto Volcánico de Canarias (INVOLCAN), alertan que «el proceso continúa activo y afectará a otras partes del talud». Así lo publicaba ayer el organismo con una nota informativa en su Facebook, desde el cual informaban de las causas y su situación de máximo riesgo, augurando otro posible desprendimiento.
Además de añadir que estos peligros naturales se acentúan en las islas del archipiélago con mayor relieve, como Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Las condiciones geológicas y geomorfológicas hacen que tengan un alto grado de inestabilidad en sus taludes y laderas. Algo que se agrava con las precipitaciones intensas. Precisamente por esto, es necesario que existan programas de prevención para reducir los riesgos asociados a estos posibles desprendimientos.
Actualmente el núcleo de Argaga se encuentra incomunicado y la zona del suceso se encuentra acordonada para impedir el paso de más personas. Tanto los alcaldes como el presidente insular solicitan la declaración de emergencia en la zona al Gobierno y trabajan para garantizar suministros a las personas incomunicadas.
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